El PSC y los socios que votaron la investidura del president Salvador Illa –ERC y Comuns– han pactado una comisión de investigación sobre la dirección general de Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) desde el 2011 hasta hoy. El pacto llega un año después de que la Sindicatura de Comptes alertara de presuntas irregularidades en esta institución, ahora en ebullición por la menor tutelada víctima de una red de pederastas y el expediente de la Oficina Antifrau por posible malversación, entre otros hechos.
PSC, ERC y Comuns reaccionan así a los últimos acontecimientos, como Junts per Catalunya, que también quiere una investigación. O como la ultraderechista Aliança Catalana, que en enero registró cinco preguntas al Govern sobre estas cuestiones. El informe de la Sindicatura, sin embargo, ya tuvo una primera réplica en marzo del 2024, cuando Drets Socials, entonces en manos de ERC, lo matizó punto por punto.
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En aquella ocasión, el Govern reprochó a la Sindicatura que su análisis del periodo 2016-2020 no tuviera en cuenta la aplicación del artículo 155 de la Constitución, “que paralizó en gran medida el funcionamiento de la Generalitat”, o la pandemia de la covid, “que exigió adoptar nuevas medidas en el sistema de protección de la infancia”. Y estos no fueron los únicos “hechos excepcionales” de un periodo también marcado por “la llegada masiva a Catalunya de jóvenes extranjeros no acompañados” (3.710 en el 2018).
Donde la Sindicatura, el órgano fiscalizador del sector público, detectó anomalías, Drets Socials vio “meras irregularidades sin efecto invalidante” o “dificultades en la gestión de recursos y la imposibilidad de regularizar, dentro de plazo, servicios que hubo que activar por procedimientos de emergencia”. La DGAIA, además, “tuvo que responder a una situación de emergencia”. Se trataba, vienen a decir las alegaciones, de hacer de la necesidad virtud.
Menores no acompañados durmiendo en la calle, en el 2019
La perentoria obligación de alojar a jóvenes recién llegados, por ejemplo, hizo necesario localizar “espacios alternativos”. La Sindicatura reprochaba que algunos de estos espacios no estuvieran inscritos en el registro ad hoc. Fueron situaciones aisladas y esa inscripción previa “hubiera comportado no poder atender las necesidades derivadas de la situación de emergencia”, replicaron las alegaciones.
La respuesta oficial apoyó a Dolors Bassa, titular de Treball cuando la DGAIA dependía de este departamento (ahora depende de Drets Socials): “El que la consellera concretara, con posterioridad, expedientes e importes que no figuraban el acuerdo de gobierno no constituía una irregularidad, sino lo contrario” dado que estas regularizaciones ulteriores estaban previstas en el propio acuerdo.
El colapso del sistema
“Mejor compartir habitación que dormir en la calle”
La Sindicatura resaltó que muchos centros de la DGAIA tenían una ocupación superior a la declarada. La llegada de jóvenes migrantes no acompañados a Catalunya a partir del 2017 y que se agudizó un año después “colapsó el sistema de protección existente hasta entonces”, respondió Drets Socials en las alegaciones al documento. La Fiscalía llegó a amenazar incluso con abrir diligencias contra la Generalitat por la existencia de menores durmiendo en espacios comunes de comisarías, e incluso del propio Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, lo que obligó a tomar algunas de las “medidas extraordinarias” ahora cuestionadas. La DGAIA acepta que incumplió el ratio de camas por habitación, pero esa fue la única forma de “proteger el interés de los menores” porque “mejor compartir una habitación con tres jóvenes más que dormir en la calle”.
Los presuntos desajustes económicos del informe no tuvieron en cuenta, según las alegaciones, que “las obligaciones de un centro concreto dentro de un ejercicio presupuestario no tienen por qué coincidir con el importe adjudicado, ya que en aquel ejercicio presupuestario puede haber otras reconocidas de ejercicios anteriores”.
ERC apoya ahora la comisión de investigación parlamentaria sobre la DGAIA. Sin embargo, Drets Socials, que estaba bajo su égida en el 2024, la defendió entonces sin fisuras, como a las entidades concertadas. Su respuesta a la Sindicatura contratacó y lamentó la “indefensión” por la vaguedad de algunos reproches, lo que impedía hacer alegaciones “rigurosas”. Las afirmaciones “incompletas” o “erróneas” de su informe llevan “a conclusiones equivocadas, “diferentes de las reales”.
