La jueza que instruye la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, considera que uno de los investigados, Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, podría haber cometido un fraude de ley al aforarse ante la Asamblea de Badajoz justo antes de la apertura del juicio oral, a su juicio, para intentar evitar sentarse en el banquillo de los acusados.
No obstante, la instructora Beatriz Biedma ha elevado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para que estudie el asunto y si considera que no existe tal fraude de ley asuma la parte de la investigación que afecta a Gallardo sobre la contratación de Sánchez como director de la oficina de artes escénicas de Badajoz.
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En su resolución, la magistrada explica que en la tarde del día 22 de mayo , después de que en la mañana de ese mismo día se dictara el auto de apertura de juicio oral, se presentó un escrito por la defensa de Gallardo alegando que éste “ostenta la condición de diputado de la Asamblea de Extremadura , al haberle sido expedida la credencial de diputado electo por parte de la Junta Electoral de Extremadura el 21 de mayo, y por tanto está aforado ante el TSJ de Extremadura.
Biedma advierte en su resolución que el aforamiento, “jamás ha de ser entendido como privilegio sino como garantía de determinadas funciones –de aquellas especialmente relevantes- y de la propia sociedad y que sirve al bien común, conforme a los principios y mandatos constitucionales”.
Sin embargo, para la magistrada, Gallardo ha ocupado el puesto de diputado para evitar un juicio. Para ella es “muy significativo” que el 19 de mayo se produjera un acta notarial en la sede del partido en Mérida “con la única finalidad de que los candidatos que ocupaban los números 19, 20 , 21 y 22 , renunciaran expresamente a ser proclamados diputados electos de la Asamblea de Extremadura”.
Según la instructora, estos cuatro candidatos - tres de los cuales no tienen su domicilio en Mérida -, fueron convocados expresamente con tal finalidad y con la antelación necesaria, “lo que denota un plan previamente concebido y organizado”.
Biedma reprocha a Gallardo que se le haya olvidado que “cualquier persona que ocupe un puesto público debe servir al interés general y anteponer éste sobre cualquier interés personal”.
Gallardo está investigado porque como presidente de la Diputación Provincial fue la persona que firmó al contrato de alta dirección con David Sánchez.
